Por Héctor Estrada
Tremendo problema se agudiza en el Poder Judicial de Chiapas por la larga suspensión aplicada a buena parte de los juicios en proceso debido a las medidas implementadas por la pandemia de Covid-19. Y es que, el pasado jueves las asociaciones y barras de abogados en la entidad salieron nuevamente a medios de comunicación para denunciar la falta de disposición y capacidad por parte de las autoridades a fin de buscar alternativas que permitan reactivar procesos que llevan más de seis meses detenidos.
Es un asunto que se ha complicado aún más desde agosto pasado. Lo que se anunció como medidas preventivas para evitar contagios al interior de los juzgados, mediante un trabajo de impartición de justicia a puertas cerradas, se convirtió en una pausa sin fecha de reactivación para decenas de litigios civiles, administrativos y penales en la entidad chiapaneca. Así, la promesa de una reactivación en los juzgados con el inicio de octubre nunca llegó.
Si bien el argumento del Poder Judicial se ha centrado en la priorización de casos urgentes, los abogados denunciantes aseguran que se ha caído en un escenario de “justicia selectiva” donde se ha dado prioridad a procesos de inevitable atención, peso mediático o bajo recomendación, dejando a la deriva a centenas de juicios de juicios y víctimas que han tenido que pagar factura por la falta de actualización tecnológica dentro de la institución.
La semana pasada la Barra Chiapaneca de Abogados alertó sobre la gravedad del problema. Y es que, con los juzgados cerrados y la imposibilidad de dar cumplimiento a las diligencias judiciales, actualmente “existen numerosos casos de personas que llevan meses en prisión esperando sentencias para demostrar su inocencia”.
La situación, aseguran, ha afectado de manera particular a los juicios civiles donde la suspensión ha sido más incisiva. Las mayores afectaciones y quejas tienen que ver con juicios sobre guardia-custodia o pensión alimenticia que se han mantenido detenidos y sin efectos, en perjuicio de decenas de menores de edad y madres de familia que no han podido acceder a ese derecho que brinda la justicia.
¿Pero cuál es fondo del problema que tiene en este estancamiento a la impartición de justicia en Chiapas durante la pandemia?
De acuerdo a un estudio realizado por las organizaciones Transparencia Mexicana y TOJIL A.C, Chiapas se encuentra entre las entidades del país con mayor rezago en la implementación de mecanismos que permiten a la población acceder de forma segura a sus servicios en el contexto de la “nueva normalidad”.
El análisis, que centró su evaluación en la opción de “justicia digital” o a distancia dentro el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales, revela que, además del Poder Judicial de la Federación, actualmente hay cinco estados donde el proceso de justicia civil, familiar y mercantil se ha digitalizado por completo y ya es posible presentar una demanda, darle seguimiento y realizar las audiencias de juicio en internet. Se trata de Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Puebla, Tamaulipas.
En tres entidades (Veracruz, Baja California y Guerrero) es posible presentar la demanda y darle seguimiento posterior a través de internet, pero sin que sea posible realizar las audiencias en línea. En Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa se permite presentar la demanda en línea en algunos casos, pero el resto del procedimiento es presencial. En Yucatán se ha habilitado la presentación de demandas a distancia y la posibilidad de realizar audiencias por videoconferencia, pero no hay sistema para darle seguimiento a los trámites del proceso digitalmente.
En el extremo negativo de los resultados, existen cuatro estados del país donde no es posible realizar digitalmente ninguno de los tres pasos referidos según el estudio: Hidalgo, Campeche, Morelos y Chiapas. Aquí es donde puede estar buena parte de la respuesta a la situación que actualmente enfrenta la entidad. Y es que, sin los medios digitales y la voluntad para buscar otras alternativas, la institución bajo responsabilidad de Juan Oscar Trinidad Palacios se encuentra prácticamente incapacitada.
El escenario que hoy enfrentan entidades como Hidalgo, Campeche, Morelos y Chiapas no es asunto menor. Con sus particularidades a desahogarse en los respectivos juicios de amparo, representa una violación directa del artículo 17 constitucional que establece que: “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
La pandemia por Covid-19 ha expuesto una de las más graves debilidades del Poder Judicial en nuestra entidad. El grave atraso en materia tecnológica para la impartición de justicia y la falta de disposición para resarcir el rezago durante los últimos meses han llevado a una situación que no parece tener pronta solución y apunta a complicarse durante lo que resta del año y sus prolongadas medidas restrictivas… así las cosas.