Comunicado|Tuxtla Gutiérrez
Con la participación de diversos sectores de la región del Soconusco, el Congreso del Estado a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que preside la diputada Paola Villamonte Pérez realizó la Consulta a las Personas con Discapacidad, así como Organizaciones que las representen, en materia inclusiva, a regularse en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Dicho foro se llevó a cabo en la ciudad de Tapachula de Ordóñez, Chiapas, con la participación de la ciudadanía, quienes analizaron el contenido de la reforma con el objetivo de brindar opiniones, propuestas o recomendaciones en materia Inclusiva. De esta forma, el Congreso del Estado da cumplimiento -en tiempo y forma-, a la sentencia de la Inconstitucionalidad número 297/2020 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Evento fue presidido por la Diputada Paola Villamonte Pérez en su calidad de presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y participaron las diputadas: Flor Esponda Torres y Cecilia López Sánchez, quienes dieron a conocer el orden del día, exposición del contenido del resolutivo 297/2020, coordinación de mesas de trabajo y conclusiones.
Correspondió al diputado Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, realizar la clausura de los trabajos, destacando la participación cívica-democrática de la ciudadanía en un tema de vital importancia en las políticas públicas.
Cabe mencionar que independientemente de las Consultas presenciales, se encuentra disponible un espacio de encuestas virtuales en el micrositio de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dentro de la página web principal del Congreso del Estado de Chiapas, con la finalidad de tener un mayor alcance para quienes no pueden asistir.
Estas Consultas se enmarcan en la nueva relación con los grupos de personas con discapacidad de nuestro estado, basado en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales, así como garantizar su participación en la toma de decisiones de los asuntos que sean susceptibles de afectarles; por su parte, en aquellos casos en que dichas medidas generen un impacto menor, la consulta se torna en un mecanismo democrático para alcanzar decisiones legítimas y acordes con la realidad, considerados como sujetos de derecho público con capacidad para definir libremente sus concepciones, aspiraciones y prioridades de desarrollo en el contexto local.