Comunicado|Tuxtla Gutiérrez
El Gobierno de Chiapas realizó la tercera reunión interinstitucional con directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), autoridades federales, estatales y municipales, para continuar las acciones conjuntas de protección a la población expuesta a riesgo inminente químico-tecnológico en el predio denominado Santa Cruz – Santa Julia, municipio de Reforma, Chiapas.
La reunión fue coordinada por la Secretaría de Protección Civil y se llevó a cabo en la sede del Poder Ejecutivo estatal, en la cual los tres órdenes de gobierno analizan y acuerdan las alternativas por el riesgo que representa para las personas y el entorno.
En un primer momento, el Ayuntamiento de Reforma informó que mantiene la atención a las familias que se encontraban asentadas sobre uno de los ductos que fueron reparados en fechas pasadas, y que continúa con las gestiones de desincorporación de un predio para la construcción de sus viviendas.
Asimismo, prosiguen los trabajos para tener un censo certero y confiable en cuanto al número de viviendas a reubicar, las cuales se encuentran en el perímetro de seguridad de 150 metros del pozo Cactus 361.
Se abordó el estatus de la problemática en el predio denominado Las Terán, con respecto a los trabajos de mantenimiento y biorremediación. En este tema, la Secretaría de Protección Civil emitió un dictamen de riesgo.
De igual forma, se presentó la zona de amortiguamiento o de seguridad del sitio Grande-Cactus, que atraviesa el predio Santa Cruz-Santa Julia Sabancuy, para determinar las viviendas a reubicar.
Desde 2008, por lo menos 30 colonias irregulares se encuentran en terrenos propiedad de Pemex (superficie superior a las 300 hectáreas), sobre los cuales se encuentran ductos de gas, aguas residuales, entre otros.
Las autoridades consideran la situación como de urgente atención, por la presencia de asentamientos humanos sobre el corredor de ductos que representa un peligro inminente para la vida y la salud de la población, así como de la operación de los ductos.
En la reunión participaron la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la Fiscalía General de la República, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como las dependencias estatales de Obras Públicas y Hacienda.