Comunicado|Tuxtla Gutiérrez.- Autoridades del Gobierno de Chiapas, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) firmaron el Convenio de “Blindaje Electoral”, con el objetivo de lograr resultados favorables en materia de prevención, investigación y aplicación de sanciones a conductas delictivas, por indebida aplicación de recursos públicos y los programas de carácter social en el proceso local ordinario 2021.
En este marco, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas precisó que las autoridades tienen la obligación legal, ética y moral, de respetar la norma y sumar esfuerzos para hacer posible que el pueblo elija en libertad a quienes van a dirigir el destino de la nación y del estado.
Por ello, el mandatario aseveró que esta firma busca llevar con respeto este proceso, prevenir la comisión de delitos electorales, así como fortalecer a las instituciones para que la población tenga confianza, pues, dijo, anteriormente se usaban todo tipo de formas con el propósito de violar la norma, favorecer o perjudicar a unos o a otros.
“No estamos tomando medidas que lastimen a las instituciones o a los partidos políticos, sólo actuamos dentro de la normalidad jurídica; deseamos respetar la norma electoral, ya que, en el pasado, todo lo que correspondía a actuar de manera transparente y correcta, se hacía a un lado porque se despreciaba a la democracia”, apuntó al reiterar su llamado a las y los candidatos a respetar las reglas para lograr la representación popular de forma auténtica.
En este acto, donde se tuvo el acompañamiento virtual del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, así como de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan, el mandatario estatal firmó como testigo de honor este convenio signado por el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández y el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas.
Al respecto, Nieto Castillo subrayó la importancia de generar estos mecanismos de colaboración e intercambio de información en materia de fiscalización para combatir empresas fachadas, factureras y evitar algún caso de violencia política en contra de las mujeres, así como impedir que se criminalice la pobreza y se minimice la criminalidad contra aquellos que condicionan la entrega de programas sociales.
En su intervención, Humphrey Jordan destacó la propuesta y el blindaje electoral que impulsa el Gobierno del Estado con sus distintas autoridades. También manifestó su respaldo y disposición de colaborar en la revisión, fiscalización y la prevención de algún tipo de conducta ilegal en los procesos electorales que se avecinan, al tiempo de garantizar que las mujeres contiendan en condiciones libres de violencia.
A su vez, el consejero presidente del IEPC sostuvo que las y los candidatos participantes en este proceso electoral están sujetos a las reglas, las cuales tienen que respetar de manera irrestricta, especialmente, en cuanto al origen de los recursos destinados a estas actividades, por lo tanto, los partidos políticos tendrán la obligación de informar sobre los gastos durante el desarrollo y conclusión de las campañas.
Tras explicar que durante 2020 y 2021, el IEPC ha desahogado más de 200 procedimientos sancionadores, Chacón Rojas enfatizó el compromiso con el pueblo de Chiapas, de las instancias involucradas en esta tarea de blindaje, para actuar con total profesionalismo y transparencia a fin de evitar actividades indebidas y garantizar el juego limpio en materia electoral.
El fiscal de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, Ernesto López Hernández, sostuvo que este acuerdo se convertirá en un instrumento indispensable para que el desarrollo de las actividades y etapas del proceso electoral se efectúen en un clima de estricto apego a la Ley, que garantice elecciones libres, justas y transparentes.
Estuvieron presentes: el vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Arturo León Loredo; así como las y los titulares de las secretarías de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; y de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Celia Sofía de Jesús Olvera; la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, Ana Lilia Cariño Sarabia; además de Roberto Antonio Alfonso Morales, en representación de José Antonio Aguilar Castillejos, delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas.